Parece mentira, que por más de diez años en la República Dominicana se planteara una necesaria modificación del Código Procesal Penal y el Código Penal, por lo que se está desde entonces tomando como referencia la gran cantidad de delitos y violaciones que se registran diariamente en el país y donde se culpa de manera directa la flexibilidad de estos dos instrumentos encargados de establecer el régimen de las penas que deben aplicarse como sanción a las personas que infringen las normas previamente establecidas. Es bueno destacar que la Norma Procesal Penal es la que traza el camino para conducir los procesos Penales y donde se conjuga el conjunto de normas jurídicas que rigen la potestad punible del Estado, pese al retraso que hemos tenido en realizar las modificaciones de nuestros códigos, ya se ha iniciado el proceso para adecuarlos a la realidad que vivimos actualmente los dominicanos.
Es motivo de júbilo la aprobación por parte de la Cámara de Diputados de estas modificaciones donde se plantea entre otras cosas establecer el cúmulo de penas hasta los 60 años de cárcel, así como la eliminación de las garantías económicas para los reincidentes en la comisión de delitos, el endurecimiento de las penas que contemplan esas enmiendas a esos dos códigos pueden reducir en lo adelante la violencia y la criminalidad que se ha adueñado de los espacios públicos y privados, llevando desasosiego a la población, la cual mira con empeño
